San Pablo (Télam). El terror causado por la peor ola de violencia en la historia de Brasil paralizó hoy a la mayor metrópolis de América del Sur, San Pablo, y reveló un espacio de poder que se cultiva dentro y fuera de las cárceles, llenando el

vacío institucional que crea la ausencia del Estado.

Cerca del 30 por ciento de los alumnos no comparecieron hoy a clases, en parte por miedo a los ataques violentos que desde el pasado viernes dejaron 70 muertos, y también a raíz de una paralización del transporte urbano que dejó cerca de cuatro mil autobuses sin funcionar, señala la agencia DPA.

Es que unas diez empresas de transporte de pasajeros interrumpieron el servicio después de que al menos 90 vehículos fueran incendiados durante la noche del domingo, y nueve terminales de autobuses también permanecieron cerradas.

El grupo armado Primer Comando de la Capital (PCC), mentor de toda esta ola de violencia, montó esta mega operación como respuesta a una medida adoptada por el gobierno estatal de transferir 765 presos vinculados a ese grupo a una cárcel de

máxima seguridad para aislarlos del resto de los presos.

En forma simultánea, el PCC demostró poder y capacidad de organización dentro y fuera de las prisiones para enfrentar medidas que no le convienen. El PCC es apenas uno de doce grupos del crimen organizado que operan dentro de las cárceles paulistas.

Estos grupos llenan un vacío institucional que debería estar ocupado por el Estado, dijo el coordinador de la Pastoral Carcelaria de la Iglesia Católica en Sao Paulo, padre Valdir Joao.

A manera de ejemplo, Joao explicó que los 1.400 miembros de esa unidad pastoral, compuesta por curas y voluntarios que realizan trabajo social en las cárceles, no pueden entrar a las prisiones ni acceder a los presos si no tienen la autorización de los líderes de grupos.

Para el padre, que calificó los atentados como "una lucha entre el crimen organizado y el gobierno de estado", todos los presos, incluyendo los miembros de las organizaciones criminales, son víctimas de las condiciones en las que viven.

"La mayoría de los presos son pobres, no tienen condiciones ni siquiera de conseguir un abogado. El crimen organizado llena ese espacio del estado, les da lo que necesitan. Con eso, los propios inocentes se vuelven víctimas de la propia violencia organizada en las cárceles", explicó.

Además de los atentados, el grupo promovió una vertiginosa serie de rebeliones simultáneas en diversas cárceles, que rápidamente se expandieron por todo el estado de Sao Paulo y llegaron incluso a cérceles de los estados de Paraná y Mato Grosso.

Entre todos esos motines, algunos muy violentos, la principal queja de los presos fue la superpoblación de las cárceles, que se traduce en situaciones infrahumanas de confinamiento, donde incluso se llegan a realizar "sorteos" para matar determinados presos por mes, con el objetivo de reducir su número.

En cárceles donde la superpoblación es "grave y crónica", según la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), la pertenencia a estos grupos es en muchos casos la única forma de sobrevivir.

Las medidas adoptadas por estos grupos para hacerse oír están, sin embargo, marcadas por el mismo grado de violencia que sufren durante su confinamiento.

Según investigaciones citadas por HRW, más de la mitad de la población carcelaria tiene menos de 30 años, y 95 por ciento son hombres pobres, sin educación primaria.

Las autoridades estiman que la ola de atentados y motines es una respuesta coordinada del PCC contra la decisión del gobierno de Sao Paulo de trasladar a 765 miembros de ese grupo a una cárcel de máxima seguridad recién reformada, ubicada a 620 kilómetros de la capital paulista, con el objetivo de aislarlos del resto de la población carcelaria.

Entre los detenidos trasladados se encontraba el máximo líder del grupo, Marcos Willians Herba Camacho, alias "Marcola", junto a otros integrantes de la cúpula de la fracción.

Pero más allá del hecho puntual al que este grupo reaccionó, su capacidad de paralizar la mayor metrópoli de América del Sur a través del terror abre muchas interrogantes sobre el futuro de Brasil, aún después de que las autoridades logren poner fin a la ola de violencia desatada el pasado viernes.