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Denuncias penales contra López Ricci, delegado de Migraciones en Misiones

La región

Publicado 28 de febrero de 2007

Denuncias penales y administrativas contra el delegado de Misiones de la Dirección Nacional de Migraciones, Héctor López Ricci, y la supervisora del Puerto de Posadas, Carmen Wagner, son la punta de un iceberg que esconde graves conflictos entre las autoridades locales de ese organismo y los trabajadores afiliados a ATE Y UPCN.

Posadas (Línea Capital). Denuncias penales y administrativas contra el delegado local de la Dirección Nacional de Migraciones, Héctor López Ricci, y la supervisora del Puerto de Posadas, Carmen Wagner, son la punta de un iceberg que esconde graves conflictos entre las autoridades locales de ese organismo y los trabajadores afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado y la Unión del Personal Civil de la Nación.

Las denuncias de carácter penal se realizaron ante el Fiscalía Federal 2 de Posadas, a cargo del fiscal Juan Carlos Tesoriero. En tanto que las denuncias administrativas se presentaron ante la Asociación de Trabajadores del Estado, filial Misiones. En ambos casos las acusaciones fueron por persecución gremial, asociación ilícita y tener a su cargo “trabajadores en negro”.

Consultado sobre las denuncias, el delegado López Ricci manifestó desconocerlas. “No me consta que se hayan realizado, son declamativas”, dijo a Línea Capital.

López Ricci atribuyó los conflictos al enfrentamiento entre dos sectores de trabajadores afiliados a ATE.

La Delegación Misiones de la DNM cuenta con alrededor de 300 empleados, la mayoría en calidad de adscriptos del Estado provincial y distintos municipios del interior misionero. Más de cien empleados presta servicios en Posadas y el resto en la oficina migratoria de Puerto Iguazú. De todos modos, cerca de 20 contratados no prestarían servicio alguno ya que se domicilian en forma permanente en distintas localidades del interior. Igual, López Ricci aseguró que el personal adscrito de distintos municipios se desempeña en Posadas, Iguazú o alguno de los otros siete pasos que hay en la provincia, o en el programa Patria Grande.

Los conflictos se profundizaron tras la elección de delegados gremiales de ATE el 16 de noviembre de 2006, en elecciones con voto directo y secreto de los afiliados a ese sindicato, de la que participaron más de un centenar de trabajadores. Del mismo modo, los delegados gremiales ante UPCN se eligieron a fines de septiembre del mismo año.

Por ATE resultaron electos José Martín Ayala, Marcelo Barrios, Marianela Nuñez, Silvia Krieger, Celia Gómez, Viviana Valerino, Sergio González Prieto y Alejandro Barada. Por UPCN fueron electos Mariano Irrazábal y Carolina González.

Aunque las denuncias contra la supervisora Carmen Wagner por malos tratos comenzaron en marzo de 2006, los planteos se profundizaron hasta llegar a las denuncias penales tras las elecciones de delegados de ambos gremios.

Wagner, además de ser acusada de perseguir a los delegados gremiales y otros trabajadores, fue denunciada por negar el ingreso al país de ciudadanos argentinos provenientes del Paraguay.

Las persecuciones también son atribuidas a López Ricci porque habría intimidado a trabajadores para que renuncien a su afiliación a ATE, y por avalar la permanencia en la Delegación de la DNM de trabajadores en negro, quienes, según la denuncia suscripta por Mario Alberto Rolón, “en su gran mayoría se trata de familiares y militantes de su partido político: el Partido Memoria y Movilización Social (Menos)”.

El funcionario minimizó el conflicto ante Línea Capital y aseguró que no existen en su dependencia trabajadores en negro.

El recalentamiento que alcanzó el conflicto derivó este mes en una reunión en la misma Dirección Nacional de Migraciones, en la Capital Federal, donde el director nacional Eusebio Rodríguez convocó a un encuentro conjunto a los delegados gremiales por ATE Alejandro Barada y Martín Ayala, los delegados gremiales de UPCN Juan Velsiarski y Mariano Irrazabal, los delegados nacionales de ATE Migraciones y el mismo López Ricci. Allí se suscribió un acta acuerdo en el que todos los presentes se comprometieron en evitar enfrentamientos y conflictos. Lo que, evidentemente, aún no se concretó.

Es que el jueves pasado, un grupo de más de 30 trabajadores del puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, aparentemente enfrentados con los actuales delegados ATE, se autoconvocaron y llevaron adelante una reunión de la que participó la secretaria general de ATE Misiones, María Reina Ramírez, en la que se decidió convocar a otra asamblea para revocar el mandato de los actuales delegados gremiales. La nueva convocatoria debía concretarse el último domingo, aunque nadie supo explicar por qué fue suspendida.

Mientras López Ricci asegura que se trata de un enfrentamiento entre el grupo de afiliados a ATE que perdió las elecciones de noviembre y el grupo que impuso los delegados, y elige mantenerse al margen del conflicto, desde el sector de trabajadores que denuncia persecuciones se asegura que el delegado es quien promueve tales enfrentamientos a través de la supervisora Wagner, a quien se acusa de “haber incrementado de manera metódica y sistemática la persecución laboral y sindical”.

Así lo denunció la delegada gremial Silvia Krieger, quien en una presentación realizada ante ATE Misiones asegura que Wagner “despliega una hipervigilancia permanente, no permitiendo hablar entre y con nuestros compañeros laborales, no permitiendo levantarnos de las sillas más que para ir al baño previa autorización, no permitiendo atender el teléfono del puerto ni recibir llamadas, ni la utilización de teléfonos celulares... so pena de realizar un informe por abandono del puesto de trabajo”.

También se denuncia el permanente traslado de un sector a otro de Migraciones de los delegados gremiales, “para evitar nuestro contacto con los afiliados”, insistieron ante las autoridades de ATE.

De su lado, el delegado de la DNM, aseguró a este medio que el gremialista Martín Ayala “tiene animadversión hacia mi” y mencionó las denuncias que le hizo la supervisora Wagner contra Ayala y Alejandro Barada “por faltas, tardanzas y faltas de respeto”.

Denuncias

Las denuncias penales presentadas contra López Ricci fueron realizadas ante la Fiscalía Federal 2. Una la presentó José Martín Ayala, el 21 de febrero de 2007, por “amenazas, amedrentamiento y coacción a partir de las elecciones gremiales” de noviembre de 2006, según consta en la misma seccional Misiones de la Asociación de Trabajadores del Estado.

Otras dos fueron hechas ante la misma Fiscalía Federal por Mario Alberto Rolón. En una se menciona que el jefe de Puerto Gerardo Ojeda y la supervisora Carmen Wagner “les negaron el ingreso al país a los ciudadanos argentinos que regresaban del Paraguay”. La denuncia dice textualmente: “pretendieron que treinta y cinco ciudadanos argentinos regresaran a un país extranjero, a un puerto que ya estaba cerrado. Esto ha constituido una manifiesta violación a la Constitución Nacional... se trató de una burda violación de derechos humanos”.

La segunda denuncia de Rolón menciona que “desde principios del año 2005 ha ingresado personal a la Delegación Misiones de la Dirección Nacional de Migraciones por medio de un procedimiento administrativo viciado de nulidad ya que se ha recurrido a la falsificación de documentos para posibilitar tal ingreso”. Tales irregularidades se refieren a personal adscrito de los municipios de Santo Pipó, Campo Grande, Campo Viera, 2 Arroyos, San Javier, el Soberbio, Alba Posse, 2 de Mayo y Corpus.

Según Rolón, “la mayoría de la personas que ingresan son familiares, amigos, familiares de amigos y militantes políticos del Delegado nacional de la DNM”.

Sigue el escrito indicando que López Ricci “intenta entonces encubrir la situación irregular de sus adscritos obligándolos a renunciar a ATE”, y aclara que “las renuncias fueron presentadas en la mesa de entrada de ATE por la abogada María Ángela Fea, profesional del derecho que pertenece al entorno personal del Delegado Héctor Líber López Ricci”, y agrega más adelante que “está comprobada la existencia de personal que presta servicios en condición vulgarmente conocida como en ‘negro’”.

Consultado al respecto, López Ricci aseguró a Línea Capital no tener bajo su dependencia a trabajadores “en negro”.

La misma denuncia menciona el caso del fallecimiento de dos empleados de la DNM, en 2004, en un accidente de trabajo en la ciudad de Puerto Iguazú. “Ambos trabajaban ‘en negro’”. Igual, se denuncia que “meses atrás se produjo un accidente en la ciudad de Posadas”, protagonizado por el inspector de la DNM Virgilio Gerardo Fontana cuando se dirigía a prestar servicios en el Puente Internacional. Fontana sufrió un accidente de tránsito a bordo de su motocicleta. “Si bien Fontana sobrevivió al accidente, debido a la gravedad de sus lesiones, fue derivado al hospital Público ‘Ramón Madariaga’. Fontana, trabajador adscrito a la DNM, no pudo ser llevado a ningún instituto especializado debido a que carece de obra social”. El accidente no fue denunciado como debería de acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional.

Rolón solicita a la Justicia que “se investigue la comisión de posibles delitos cometidos en el ámbito de la Delegación Misiones de la DNM”, entre los que se mencionan “defraudación, dolo, abuso de poder, falsedad ideológica, falsificación de documentos públicos y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Igualmente, Rolón solicita al fiscal federal Tesoriero que “se investigue la posible existencia de una asociación ilícita” integrada por López Ricci y los intendentes Felicia Mabel Cáceres, de Santo Pipó; Ricardo Andruszyszyn, de Campo Grande; Juan Carlos Ríos, de Campo Viera; Rosario Becker, de Dos Arroyos; Enio Lemes, de San Javier; Alberto Krysvzuk, de El Soberbio; Nelson Carvalho, de Alba Posse; José Luis Garay, de Dos de Mayo, e Ignacio Nemeth, de Corpus.

Más allá que López Ricci, consultado por Línea Capital, haya minimizado los hechos que se describen, lo cierto es que el tenor de las denuncias –que deberán ser corroboradas por la Justicia- deben ser al menos tenidas en cuenta por el mismo delegado local de la DNM como por las autoridades nacionales de ese organismo. El refrán popular dice que “cuando el río suena, agua trae”.