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Publicado 6 de diciembre de 2011

En un estudio, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación Ciencia y Tecnología(Unesco), el organismo asegura que el sistema del país vecino, Chile, fomenta la exclusión y "protege la iniciativa privada" mientras que la legislación de nuestro país, así como la de Uruguay y la de Finlandia, resultan "muy explícitas" a la hora de restringir cualquier posibilidad de mercantilización de la educación.

(DERF). Un estudio realizado por la Unesco en Santiago, analiza la disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad del sistema educativo chileno, el cual asegura fomenta la desigualdad y la exclusión, y lo compara con las legislaciones educativas de Argentina, Uruguay y Finlandia.

"El sistema que caracteriza la educación chilena está orientado por procesos de privatización, que tienden a causar segmentación, exclusión, discriminación y desencadenar mecanismo selectivos", critica el informe, liderado por el exrelator de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, Vernor Muñoz.

Según la Unesco, el sistema de becas y subvenciones del sistema educativo de Chile "protege y beneficia a la iniciativa privada", lo que excluye la interpretación del concepto de educación entendida como bien público.

Lo contrario ocurre en las legislaciones de Argentina y Uruguay, asegura el estudio, que resultan "muy explícitas" a la hora de restringir cualquier posibilidad de mercantilización de la educación, o de la finlandesa, que otorga garantías de oportunidades, señaló la Unesco.

"No hay duda de que las pruebas de admisión (chilenas) establecen criterios y efectos de diferenciación, que en la práctica conducen a la selectividad y probablemente a la estigmatización", añade el estudio, que precisa que la legislación chilena prohíbe la discriminación en el trato a los estudiantes.

"En Chile la ley deposita en los padres y las comunidades un alto nivel de responsabilidad en términos de asegurar la educación, impedir la discriminación u ofrecer una educación de calidad, en desmedro del rol del Estado que debiera ser el garante de este derecho", explica el informe.

El estudio recuerda que Chile ha firmado tratados internacionales, en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lo obliga en su artículo segundo a tomar medidas "inmediatas y no postergables" para lograr gradualmente la gratuidad en la educación secundaria y universitaria.

De hecho, ésta ha sido una de las principales reivindicaciones del movimiento estudiantil chileno, que desde hace siete meses se mantiene movilizado en demanda de una educación pública, gratuita y de calidad.